La vivienda sigue siendo un problema extremadamente grave para muchas familias canarias.
El Diputado del
Común, Jerónimo Saavedra, vuelve a recoger en su último informe anual
numerosas quejas ciudadanas por la inexistencia de inmuebles en régimen
de alquiler social. Según su análisis, 2016 se pareció mucho a 2015:
durante ese año se mantuvo "una oleada de ocupaciones ilegales de
viviendas -tanto públicas como privadas-" como consecuencia, entre otras
causas, de los continuos desahucios por los impagos del alquiler.
Esta cuestión, advierte, "se agrava cada
año", ya que las listas de demandantes de vivienda aumentan porque "cada
vez son más las familias en situaciones económicas adversas que se
encuentran no solo con escasez de recursos, sino sin recursos", y
requieren "de forma urgente una vivienda digna que cumpla una
condiciones mínimas de habitabilidad".
Las ayudas que ofrecen las
administraciones, sean para el pago del alquiler o de urgencia, no solo
son insuficientes, sino que "no permiten cubrir ni siquiera un
porcentaje considerable para una pequeña parte de la totalidad de las
situaciones puesta en conocimiento de este Comisionado".
Además, las ocupaciones ilegales se han
seguido produciendo al mismo tiempo que se tiene la certeza de que
existen "viviendas vacías que han permanecido durante años cerradas y
abandonadas, tanto públicas como privadas (pertenecientes al Sareb,
entidades financieras, al Instituto Canario de la Vivienda y Visocan),
viviendas que, en la gran mayoría de las ocasiones, no cumplen las
condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad".
El Diputado lamenta la impotencia que
supone que muchos ciudadanos soliciten su amparo y ayuda ante las
instituciones competentes para satisfacer esta necesidad habitacional y
que la única respuesta de la Administración sea "la carencia de
viviendas disponibles".
La falta de una estrategia para abordar
las carencias habitacionales influye. En este sentido, Saavedra decidió
incoar una queja de oficio ante la dilación excesiva en la aprobación
definitiva del Plan de Vivienda de Canarias 2013-2016, cuyo resultado
derivó en el compromiso de la Administración competente de aprobar el
Plan de Canarias, 2017-2020. Sin embargo, actualmente Canarias continúa
siendo una Comunidad "sin Plan de Vivienda". A esta ausencia de
estrategia hay que sumar que el último plan de este tipo que se aprobó
en el Archipiélago incluyó numerosas ayudas para la emancipación de los
jóvenes que, en el mejor de los casos, se abonaron con años de retrasos.
Muchos siguen aún esperando por las ayudas a la hipoteca o al alquiler.
De estos últimos casos también da cuenta el diputado.
El comisionado incluye dentro de este
apartado de quejas el problema de la pobreza energética, "que continúa y
ha aumentado en las familias canarias". Saavedra alerta de que existen
muchos hogares en los que se encuentran familias con menores que no
disponen de los suministros básicos de agua y luz, denunciando las
condiciones en las que "malviven diariamente en sus viviendas".
Más mediación en casos de desahucios
El Diputado del Común registró solicitudes
de intermediación y mediación de los ciudadanos en determinados
asuntos, como el caso de situaciones de procedimientos de desahucios por
impagos de alquileres, por ejecuciones hipotecarias, solicitudes de
alquiler social ante las entidades financieras o regularizacion de
ocupación ilegales con solicitud de alquiler social, entre otros.
El parque público, muy deteriorado,
El informe destaca el "especial
protagonismo" que tuvieron las quejas por deficiencias en edificios,
fachadas, filtraciones, y deficiencias estructurales graves en muchas
viviendas públicas".