El Congreso ha
aprobado este jueves admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) impulsada por los sindicatos UGT y CCOO –y que 700.000 personas
apoyaron con su firma– para establecer en España una renta mínima garantizada.
Es la primera vez que la Cámara baja
tramitará un proyecto legislativo de estas características, que
implicará un fuerte impacto presupuestario. Esta es la razón por la que
el Gobierno se ha opuesto frontalmente,
posición a la que se ha sumado Ciudadanos. A favor de esta nueva ayuda
social destinada a las personas sin recursos se han pronunciado el PSOE,
Podemos, ERC, PDCAT y otras formaciones minoritarias.
Ahora se abre un período de negociación que definirá los detalles de la renta mínima. Fuentes parlamentarias consideran que
su aprobación definitiva no será posible antes de finales de año, pero
el proyecto presentado por los sindicatos deja claras algunas líneas fundamentales.
Los beneficiarios no podrán superar ingresos o ayudas que superen el 75% del salario mínimo.
Además, los beneficiarios no podrán superar, en cómputo anual, ingresos o
ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo
establecido en cada momento. En caso de que el
núcleo familiar del solicitante haya personas con ingresos,
le será concedida la renta mínima "cuando la suma de las rentas o
ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el
solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no
supere el 75 por 100 del salario mínimo".
¿Quién podrá optar a ella?
Podrán ser beneficiarios de la renta mínima todas aquellas personas mayores de
edad
y menores de 65 años, que estén buscando trabajo y hayan agotado las
prestaciones por desempleo. La ILP también pone como condición que hayan
residido en España "de forma ininterrumpida en los seis meses
anteriores a la fecha de solicitud de la prestación".
Los beneficiarios no podrán superar ingresos o ayudas que superen el 75% del salario mínimo
Además,
los beneficiarios no podrán superar, en cómputo anual, ingresos o
ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo
establecido en cada momento. En caso de que el núcleo familiar del solicitante haya personas con ingresos,
le será concedida la renta mínima "cuando la suma de las rentas o
ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el
solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no
supere el 75 por 100 del salario mínimo".
¿Cuál será su cuantía?
La renta mínima será del 80% del salario mínimo. En este momento, la ayuda ascendería a 426 euros no contributivos.
Durante el debate en el pleno del Congreso,
Podemos ha pedido ampliarla al entorno de los 660 euros, la cuantía que
recomienda la Unión Europea. El PSOE ha propuesto que cada familiar a
cargo del solicitante suponga también un plus en la remuneración, aunque
esto es algo ya previsto en el texto presentado por los sindicatos.
¿Cuánto le costará al Estado?
12.000 millones de euros anuales, según los cálculos de UGT y CCOO, que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado.
El coste total deberá proyectarse en los Presupuestos Generales del Estado
Para
poner en contexto esta cifra se puede tomar como referencia el recorte
que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy para 2017 en Bruselas, y
que se eleva a 5.000 millones de euros.
¿Con qué otras ayudas es compatible?
Se considera una prestación de la Seguridad
Social, y será compatible con todas aquellas ayudas derivadas de la
atención a personas en situación de dependencia o a favor de la
infancia, entre otras de modalidad no contributiva.
¿Cuánto falta para su aprobación final?
A partir de este momento la ILP pasará a la
comisión de Trabajo y de Seguridad Social para iniciar el trámite
legislativo habitual, esto es la apertura de un periodo para que los
diversos grupos parlamentarios presenten las enmiendas que consideren
oportunas. Este periodo de tiempo puede alargarse en función de las negociaciones entre los diversos grupos políticos. Finalmente, una ponencia se encargará de “casar” aquellas enmiendas coincidentes.
El PP intentará vetarla en el Senado pero la última palabra será del Congreso, donde no tiene mayoría
Las
enmiendas que sigan “vivas” tras el dictamen de la comisión serán
debatidas y votadas en un pleno de la Cámara baja y el texto resultante
pasará al Senado. En él, previsiblemente, el Gobierno presentará un veto
–una enmienda a la totalidad– además de alargar los plazos de
tramitación, ya que cuenta con mayoría absoluta en esta cámara. El veto
solo podrá ser “levantado” por el Congreso de los Diputados que,
finalmente, es el que que deberá pronunciarse sobre la iniciativa.
¿Cuándo podrá solicitarse?
El día siguiente de su publicación en el
BOE, que según los cálculos de fuentes parlamentarias analizando el
proceso legislativo citado, será a principios de 2018.
¿Pueden frenarla el PP y Ciudadanos?
En teoría, no. Una vez que el Congreso ha
aprobado tomar en consideración la ILP ya no hay marcha atrás y debe
comenzar la negociación.
La renta mínima se considerará un derecho y el Estado estará obligado a concederla
El
Gobierno intentará bloquear su tramitación alegando que supone una
alteración sustancial de los presupuestos en vigor –los de 2016
actualmente prorrogados–, lo que generará un conflicto de atribuciones
entre el ejecutivo y el legislativo, uno más de los que ya están
planteados.
¿Podría cancelarse en el futuro?
Estará blindada, ya que optar a ella se considerará un derecho de cada ciudadano.
"Es exigible sin que pueda condicionarse a las disponibilidades
presupuestarias. Es decir, las personas que reúnan los requisitos que se
establezcan tendrán derecho a percibirla y la Administración General
del Estado está obligada a concedérsela", recoge el texto propuesto por
los sindicatos.
Tampoco se podrá embargar. Al ser considerada un derecho personal; se convierte en una prestación intransferible e inembargable.
FUENTE: Diario Público
Habrá que esperar pues las cosas de Palacio van diobra para impedir que se beneficie al mas necesitados o plazos muy prolongados para su tramitación y documentación requerida. Espero al menos que esta medida favorezca a los españoles que no tenemos derechos a ninguna fuentes de empleo por ser mayores. Pues hasta ahora solo se ha buscado proteger a las mujeres maltratadas y a los jóvenes que no tienen experiencia que somos el mayor porcentaje que estamos por debajo de la pobreza porque no tenemos ingresos.
Un avión comercial estuvo a punto de colisionar contra un dron cuando sobrevolaba el aeropuerto Reina Sofía.
El suceso se produjo en la tarde de este domingo, en concreto, en torno
a las 19:00 horas.
